Las rectoras y rectores del Consorcio de Universidades Estatales de Chile,
CUECH, reunidos en la Universidad del Bío Bío en Concepción, valoraron la iniciativa legal que pone fin al CAE aunque manifestaron su preocupación frente a algunos alcances de esta iniciativa legal que, de no reevaluarse, podrían llegar a comprometer su capacidad de desarrollo en el futuro.

Para el Consorcio es altamente positivo que se termine con el CAE como una
política que se encuentra agotada y se avance en una nueva modalidad de financiamiento que garantice el acceso a la Educación Superior como un derecho, pero advierten que el actual proyecto de Ley del FES podría llegar a consolidar un
modelo de subsidio a la demanda que desconoce el impacto social de la educación y las necesarias distinciones entre los diferentes tipos de instituciones que componen el sistema.

Para el presidente del CUECH y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo
Corrales, “aunque el proyecto contiene elementos muy valorables como la regulación del crecimiento o la obligación de aplicar la Ley de Transparencia a todas las instituciones que reciben recursos públicos, de no complementarse con
otras iniciativas, la propuesta actual arriesga diluir la diferencia entre universidades privadas y públicas, comprometiendo la capacidad de estas últimas para cumplir con los mandatos específicos que, en materia de desarrollo social y territorial, le entrega la Ley de Universidades del Estado”. En este sentido agregó: “es evidente
que las universidades estatales tenemos obligaciones mayores que aquellas que afectan a los privados, puesto que debemos hacernos cargo de la soberanía educacional en las zonas extremas de nuestro país; de la vinculación con los
territorios; del resguardo de nuestro patrimonio histórico, cultural e intangible de las diferentes regiones; de la creación y promoción de actividades artísticas; del desarrollo de la investigación científica y la innovación productiva; de la mantención de carreras estratégicas para el país pero que tienen una baja demanda que no cubre sus costos, como las pedagogías; de la preparación de especialistas para la salud pública y de la movilidad social e inclusión, entre muchos otros ámbitos”.

Por su parte, el rector Benito Umaña de la Universidad del Bío Bío, recalcó que el nuevo FES no corrige la asimetría histórica entre universidades públicas y privadas, “donde las universidades estatales estamos llenas de restricciones para crecer y competir en igualdad de condiciones con las universidades privadas que tienen al contrario mínimas regulaciones, pero al final del día reciben el 70% de los recursos públicos que destina el Estado a la educación superior”.

Otros elementos que a juicio de las rectoras y rectores del CUECH deben revisarse en el debate legislativo son el marco de referencia de los aranceles regulados, para que reflejen objetivamente los costos reales de hacer Universidad más allá de la docencia en la sala de clases; la posibilidad de aporte de las familias a través de un copago; la sobre regulación que incide en la eficiencia administrativa de las instituciones estatales; la forma en que el Estado entregará oportunamente los recursos públicos para asegurar la viabilidad financiera del sistema; así como las políticas para fortalecer a la educación superior pública y el crecimiento de estas universidades.

Durante el mes de diciembre, el CUECH entregará en el Congreso Nacional su
visión sobre el proyecto de Ley con la vocación de complementar y mejorar la propuesta, pensando en la mejora permanente del sistema de educación superior para que éste pueda aportar de forma efectiva al desarrollo de nuestro país.