En este sentido, es posible constatar que la envergadura de la victoria de Boric en la pasada segunda vuelta de la elección presidencial, tiene una relación de continuidad y consistencia con el proceso constituyente ahora en marcha, cuyo punto de partida institucional fueron el plebiscito, en el que el Apruebo se impuso por una mayoría abrumadora, y las elecciones de convencionales, en que la opción por los cambios superó los dos tercios. Esos procesos, a la vez, ciertamente no hubieran sido posibles sin la revuelta social.

El mandato que la ciudadanía ha otorgado a Gabriel Boric Font, por consiguiente, es posibilitar la cristalización de transformaciones que pueden resumirse en el desafío de transitar desde una democracia de baja intensidad y una sociedad de mercado a un Chile de participación ciudadana y una sociedad de derechos. Es decir, crear las condiciones de un Estado social y democrático de derecho, que tenga el interés ciudadano en el centro de la institucionalidad y la convivencia social. Ello pasa por la culminación exitosa del proceso constituyente, pero también por el cumplimiento del programa que Boric y Apruebo Dignidad comprometieron con Chile.

Ello ciertamente no puede resultar indiferente para las universidades del Estado. Uno de los derechos sociales que importa garantizar es el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles, incluyendo la educación superior. Ello significa el incremento de los aportes basales a las universidades estatales en forma suficiente para el cumplimiento de su tarea y una reformulación de la institucionalidad en la materia, que aún pone en posición de privilegio a las entidades privadas y establece criterios propios de una lógica mercantil y de competencia.

También es indispensable que se promueva una revaloración del desafío de una inversión pública sustantiva en investigación y desarrollo, en ensanchar las capacidades de innovar y crear en el campo de la ciencia y la producción del conocimiento. La pandemia mostró en forma dramática que este propósito no es un gasto innecesario o marginal, sino que debe ser una prioridad para el desarrollo y crecimiento del país, como condición del bienestar y asumiendo que debe tener carácter inclusivo y sustentable.

Las expectativas ciudadanas frente al nuevo Gobierno son enormes, como la magnitud de los compromisos programáticos que ha adoptado y las complejidades que, con seguridad, deberán ser enfrentadas. Sin embargo, pensamos que será posible resolver positivamente el desafío si se combina la voluntad política con la comprensión de que no será tarea solo del primer mandatario, su gabinete o su coalición de gobierno, sino que puede y debe ser convocada la ciudadanía y la sociedad civil. Si así ocurre, no hay la menor duda de que las Universidades del Estado estaremos, como siempre, en disposición de ponernos al servicio de Chile.

Marisol Durán Santis

Rectora Universidad Tecnológica Metropolitana