Una extensa jornada de trabajo vivieron autoridades, funcionarios académicos y no académicos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quienes participaron de una jornada de reflexión sobre la nueva Ley de Educación Superior 21.091, que entrará en funcionamiento en el año 2020, y que fue encabezada por el Rector Luis Pinto Faverio.

La actividad contempló cuatro sesiones dirigidas por expertos en la Ley 21.091, con el objetivo de que los asistentes conocieran los principales aspectos y desafíos que trae consigo esta nueva normativa, esencialmente en temas de acreditación institucional, financiamiento universitario, nueva institucionalidad y sistema de acceso.

El Rector de la UTEM, Luis Pinto Faverio, valoró la organización y desarrollo de esta actividad, la cual “sirve para darse cuenta en qué océanos estamos navegando y cómo podemos incursionar para mejorar nuestra institución, así como a nuestros futuros profesionales, con propósito de poder distinguirnos y ser referentes entre los demás establecimientos de Educación Superior. Estoy muy contento no solo por los expositores y sus eficientes presentaciones, sino también por el interés e inquietud que generaron, lo que refuerza el compromiso existente con la UTEM”.

Nueva institucionalidad

La primera exposición estuvo a cargo del asesor jurídico del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), Luis Tapia, quien detalló los cambios de institucionalidad que presenta la nueva regulación y respondió también las preguntas surgidas de su charla.

Tapia presentó la nueva estructura que contempla la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, un estamento especializado dotado con más recursos y personal, para fortalecer a largo plazo a las instituciones de Educación Superior, incluidas aquellas de carácter Técnico Profesional. Del mismo modo explicó cómo funcionará la nueva Superintendencia de Educación, inexistente en la ley anterior, y que tiene como propósito custodiar las finanzas y canalizar las eventuales denuncias por incumplimientos de las instituciones mencionadas, en relación a acciones de lucro, desvío de recursos o entrega de información errada.

El abogado sostuvo que “la ley busca hacer efectiva la prohibición del lucro en las universidades. El propósito declarado por el legislador apunta al aseguramiento de la calidad por medio de la acreditación institucional obligatoria, a dotar al sistema de mayor equidad e inclusión por medio de la gratuidad y a fortalecer la educación superior estatal y técnico profesional”.

Cambios en financiamiento

Posteriormente el Director General Económico de la Universidad de Valparaíso, Antonio Peñafiel, expuso algunos de los cambios que la ley impondrá en materia de financiamiento, y otros aspectos relativos al tema económico y que se han vuelto contingentes por la discusión de la Ley de Presupuesto, a fin de poder entender el escenario futuro y de qué manera las universidades estatales, deberán transitar por este nuevo camino el 2019.

Respecto a la inyección de capitales Peñafiel indicó que “no hay una definición concreta de lo que hará el sistema con los presupuestos ni otros aspectos económicos de nuestras instituciones, lo que genera explícitamente continuidad de lo que hoy tenemos. Seguiremos con un sistema donde las principales vías de entrega de recursos presupuestarios, van asociados al subsidio de la demanda, es decir, entre más número de estudiantes tenga una universidad, también tendrá más recursos”.

También fue crítico al opinar del presupuesto de 2 billones de pesos y la manera en que éstos se reparten. “El 82% de los recursos se distribuyen por estos mecanismos, lo que ha permitido que universidades no adscritas al CRUCH reciban la mitad del presupuesto público (51,2%), es decir, estamos hablando de recursos públicos que van a instituciones privadas”, manifestó.

Peñafiel también indicó que “la nueva ley establece que la educación es un derecho, pero se le da un tratamiento de un bien transable, que puede ser entregado por el Estado o prestadores privados”. Respecto a esto, profundizó sobre el Sistema de Financiamiento Solidario que reemplazará al antiguo sistema de ayudas estudiantiles (Fondo Solidario y Crédito Aval del Estado) y alertó que “la gratuidad seguirá funcionando con la ley. Sin embargo, existe un conjunto de estudiantes que ya están informados de la pérdida de este beneficio. Son alrededor de 20 mil y más de 5 mil en la misma situación con las becas. El Ministerio (de Educación) no ha sido claro respecto a estos casos, lo que puede generar importantes pérdidas”.

Sistema de Acceso

Otro momento de la jornada se enfocó en esclarecer dudas sobre el nuevo sistema de acceso, ahora reordenado en 2 subsistemas: uno integrado por universidades estatales, universidades no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores y universidades privadas reconocidas por el Estado; y otro compuesto por un subsistema de educación técnico profesional, integrado por centros de formación técnica, estatales y privados, más los institutos profesionales reconocidos por el Estado.

Lo anterior estuvo a cargo de la Secretaria General del Consejo de Rectores y ex Directora del Sistema Único de Admisión del CRUCH, María Elena González, quien detalló que el sistema de postulación y admisión de estudiantes se realizará por medio de una plataforma electrónica y que “los cambios serán coordinados por la Subsecretaría de Educación Superior, así como la adscripción será voluntaria, salvo para las instituciones adscritas a financiamiento de gratuidad, deberán estar obligatoriamente vinculadas, a diferencia de hoy, donde esto es organizado por el Consejo de Rectores y otras 14 universidades adscritas de forma voluntaria”.

La especialista, expuso, además, sobre los nuevos roles y actores que surgirán con la ley, como el hecho de que las universidades definirán carreras y vacantes; el Comité Técnico estará encargado de establecer los procedimientos e instrumentos de acceso, y el equipo técnico coordinará, supervisará y auditará el proceso.

La Secretaria General también se refirió a los principios del sistema de acceso, que, según la ley, deben ser objetivos y transparentes, considerando la diversidad de talentos, las capacidades y trayectorias previas de los estudiantes, así como el resguardar los principios de no discriminación arbitraria, transparencia, objetividad y accesibilidad universal.

Acreditación Institucional

El cierre de la jornada lo realizó el Vicerrector Académico de la Universidad de Valparaíso, José Miguel Salazar, quien realizó un recorrido histórico y una observación de las primeras acreditaciones institucionales obtenidas en el año 2001.

Posteriormente, hizo un análisis de la estructura orgánica y jerárquica de las universidades, evaluando la organización multinivel, las unidades base y el funcionamiento de las instancias de coordinación de estas instituciones. Además, se refirió a los actuales sistemas de acreditación, criticando enfáticamente los objetivos y formas en que se desarrollan. “Son condicionantes para el desarrollo de un modelo, por tanto, tenemos que tener una evaluación que sea útil, que produzca algún tipo de resultado”, mencionó.