Las diversas instituciones y agentes vinculados a la Educación Superior, parlamentarios, rectores, organizaciones estudiantiles, de funcionarios y de académicos han sido protagonistas del debate generado en torno a estos cambios, que, en rigor, se instalaron en nuestra sociedad hace ya más de una década.

Las bases de la reforma enunciadas hace tres años han entrado en una fase final. Hasta ahora, exhibe como resultados el beneficio de la gratuidad al año 2017 de unos 220.000 estudiantes, la creación de las Universidades de O´Higgins y Aysén y la ley que crea 15 nuevos Centros de Formación Técnica estatales. A ello se suma el envío a trámite del Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior en Julio de 2016, y más recientemente, el 7 de abril, el envío a la Cámara de Diputados de la Indicación Sustitutiva de este último proyecto, que rebaja de 202 a 121 artículos permanentes, separando del texto original las regulaciones relativas a las Universidades del Estado, que serán materia de un proyecto especial.

En lo que respecta a la Indicación Sustitutiva del Proyecto de Ley de Reforma de la Educación Superior los rectores de las universidades estatales desean manifestar lo siguiente:

1. El proyecto sobre Educación Superior y la futura presentación de un proyecto de ley de universidades estatales constituyen un avance que valoramos en tanto responde a una necesidad urgente de transformación de un sistema de Educación Superior en crisis.
2. El debate pre-legislativo y legislativo ha reflejado la diversidad de visiones que los distintos actores quisieran ver plasmados en el texto del proyecto de Ley. Las indicaciones presentadas recientemente reflejan un esfuerzo por recoger estas visiones. No obstante, compartimos que estas indicaciones pueden ser sustantivamente mejoradas y complementadas en diversos aspectos, entendiendo que es precisamente el parlamento la instancia donde la sociedad democrática resuelve sus diferencias.
3. En nuestra opinión, rechazar la idea de legislar en torno a un proyecto de tal envergadura que surge a raíz de una necesidad país compartida por una amplia mayoría de ciudadanos, representaría un fracaso y una derrota para el progreso de Chile y su diversidad territorial y el avance en una mejor calidad de vida para sus habitantes; a la vez que desperdiciaría una oportunidad inmejorable de dialogar en un clima sereno acerca de la calidad de la formación académica que recibirán nuestros jóvenes y del rol de las universidades en el desarrollo cultural, socioeconómico, científico y tecnológico del país.

Hacemos un llamado a los parlamentarios a apoyar la idea de legislar sobre un sistema hoy desregulado que hasta ahora ha causado un daño irreparable a miles de estudiantes y sus familias.

Tenemos la convicción que una Educación Superior con mayores garantías de calidad, junto a una institucionalidad sólida, favorecerá el desarrollo de un sistema de educación superior de provisión mixta con altos estándares de excelencia y comprometido con las necesidades de desarrollo de nuestra sociedad.

Estamos frente a una oportunidad única e histórica que no podemos desperdiciar.